El RGPD define las bases legales que las empresas pueden utilizar para procesar datos personales. Se debe cumplir al menos una de estas condiciones. De lo contrario, el procesamiento es ilegal.
El interesado acepta que sus datos se procesen. Las empresas pueden procesar los datos de una persona si así lo consiente. El consentimiento solo es válido si es informado, afirmativo y se da libremente.
Para que el consentimiento sea informado, la empresa debe explicar claramente lo que recopila y cómo utilizará esos datos. Para que el consentimiento sea afirmativo, el usuario debe realizar una acción intencionada para mostrar su consentimiento, como firmar una declaración o marcar una casilla. El consentimiento no puede ser la opción por defecto, por lo que las casillas premarcadas infringen el RGPD. Para que el consentimiento se dé libremente, la empresa no puede influir ni coaccionar al sujeto de ninguna manera. La empresa no puede requerir el consentimiento para utilizar un servicio a menos que el procesamiento sea necesario para que el servicio funcione. Por ejemplo, una empresa puede necesitar el número de tarjeta de crédito de una persona para venderle algo, pero probablemente no necesite su dirección IP.
La empresa no puede agrupar consentimientos si los datos se procesan para múltiples propósitos. El interesado debe poder aceptar o rechazar cada actividad de procesamiento individualmente. Las organizaciones deben mantener registros de consentimiento. Los interesados pueden retirar su consentimiento en cualquier momento. Si lo hacen, el procesamiento debe detenerse.
Los datos deben tratarse para ejecutar un contrato con el interesado o en su nombre. Por ejemplo, si alguien solicita un préstamo, el banco puede necesitar procesar sus datos financieros y su historial laboral.
El controlador tiene la obligación legal de procesar los datos. Por ejemplo, algunas normativas sanitarias obligan a los hospitales a mantener archivados los datos de los pacientes.
Los datos deben procesarse para proteger los intereses vitales del interesado u otra persona. Esto se refiere a situaciones en las que los datos deben procesarse para salvar la vida de una persona o evitar daños.
Los datos deben tratarse para llevar a cabo una tarea que sea de interés público o que forme parte de la autoridad oficial del controlador. El periodismo es un ejemplo clásico de razón de interés público para el tratamiento de datos personales. Los organismos públicos pueden tratar datos personales para ejercer sus funciones oficiales.
Los datos deben procesarse para perseguir un interés legítimo del controlador o de un tercero. Un interés legítimo es un beneficio que una empresa podría obtener a través del procesamiento de datos. Entre los ejemplos se incluyen realizar comprobaciones de antecedentes de los empleados o realizar un seguimiento de las direcciones IP en una red corporativa con fines de ciberseguridad. El procesamiento debe ser necesario para contar como un interés legítimo. Una empresa no puede reclamar un interés legítimo si puede lograr la tarea sin los datos en cuestión. Los interesados también deben esperar razonablemente el procesamiento. Si los interesados se sorprenden al saber que sus datos se utilizan de una determinada manera, es probable que la empresa no tenga motivos de interés legítimo. En general, los derechos de los interesados prevalecen sobre los intereses legítimos de una empresa.
Las organizaciones deben establecer y documentar sus bases antes de recopilar datos. Deben comunicar estas bases a los usuarios. Las empresas no pueden cambiar sus bases a posteriori sin el consentimiento del interesado.