¿Qué es la justicia ambiental?

También conocida como "ecojusticia", la justicia ambiental se centra en lograr la equidad ambiental. Fomenta que las poblaciones tengan una participación significativa en las políticas que conforman sus comunidades y un trato justo en los procesos de toma de decisiones que garantizan la protección del medio ambiente.

Hay tres tipos o principios de justicia ambiental:

• Justicia distributiva: la distribución equitativa de los riesgos y beneficios ambientales.
• Justicia procesal: la participación justa y significativa en la toma de decisiones.
• Justicia de reconocimiento: el reconocimiento de la opresión y la diferencia en las comunidades de justicia ambiental.

La injusticia ambiental es la idea de que los daños medioambientales se distribuyen de forma poco equitativa y están influidos por patrones de racismo y desigualdad. La injusticia ambiental se produce cuando las comunidades de bajos ingresos o desatendidas sufren el impacto y la sobrecarga de factores como los residuos tóxicos, la extracción de recursos y otros usos del suelo de los que no se benefician los residentes de esas comunidades.

Por ejemplo, es más probable que un sistema de carreteras interestatales atraviese una comunidad marginada¹. En los barrios mayoritariamente blancos y ricos, se invierte más en infraestructuras, se aplican las leyes medioambientales y es más probable que los contaminadores tengan que rendir cuentas. Los líderes comunitarios de estas zonas también están conectados con el proceso de toma de decisiones dentro de las juntas de zonificación o los ayuntamientos, que pueden proteger mejor sus intereses.

La injusticia ambiental también es un problema de salud pública. Los residentes de barrios situados cerca de polígonos industriales, estaciones de transferencia de residuos, vertederos y otras fuentes de contaminación pueden verse expuestos a peligros medioambientales que tienen graves repercusiones para la salud.

El movimiento por la justicia ambiental ha sido impulsado principalmente por personas de color. Se remonta al movimiento ecologista indígena, que es la lucha de los pueblos indígenas por la soberanía y los derechos territoriales a lo largo de más de 500 años de colonialismo.

Se considera que el movimiento moderno de justicia ambiental comenzó en los Estados Unidos. Una empresa de transformadores de Raleigh (Carolina del Norte) comenzó a almacenar ilegalmente residuos industriales que contenían bifenilos policlorados (PCB) a lo largo de caminos rurales en quince condados de Carolina del Norte. En 1982, las autoridades estatales eligieron el condado de Warren, rural, pobre y de mayoría negra, como lugar para almacenar la tierra contaminada con PCB procedente de los vertederos ilegales. A los residentes les preocupaba que las sustancias químicas entraran en el suministro de agua.

La decisión atrajo la atención internacional. A los manifestantes residentes locales se unieron organizaciones nacionales, como la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP). Las marchas y las protestas callejeras no violentas continuaron durante seis semanas y se detuvo a 500 personas, lo que supone las primeras detenciones de la historia por un vertedero. Aunque las protestas finalmente no lograron detener el uso del vertedero, el evento fue ampliamente citado como el primer hito importante en el movimiento por la justicia ambiental.

El movimiento se expandió rápidamente por todo el mundo. En particular, el aumento de las exportaciones de materiales peligrosos a los países del Sur Global, a partir de la década de 1980, impulsó el movimiento internacional por la justicia ambiental, lo que condujo en 1991 a la Primera Cumbre Nacional de Liderazgo Ambiental de la Gente de Color, celebrada en Washington D. C.

En muchos sentidos, el movimiento por la justicia ambiental nació del movimiento de derechos civiles estadounidense de la década de 1960. Muchas de las organizaciones y líderes que participaron en las protestas del condado de Warren también participaron en el movimiento por los derechos civiles. A menudo, estos líderes estaban afiliados a iglesias afroamericanas, como la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur y la Iglesia Unida de Cristo.

El término racismo ambiental fue definido por el líder de los derechos civiles, el Dr. Benjamin F. Chavis Jr. Definió la expresión como "la selección intencionada para instalaciones de residuos en comunidades que están pobladas principalmente por personas de color y trabajadores inmigrantes y de bajos ingresos".

La superposición entre ambos movimientos existe porque estadísticamente es más probable que los residentes en los entornos más contaminados de Estados Unidos, como el caso del condado de Warren, sean personas de color y personas que viven en la pobreza. Estas áreas suelen tener valores de propiedad más bajos debido a un historial de “redlining”, la práctica de denegar préstamos y seguros a las comunidades de color. La segregación residencial lleva a que más comunidades de color vivan en áreas con mayor riesgo ambiental. Los residentes también se enfrentan a mayores riesgos para la salud, como tasas más elevadas de asma, cáncer y otras enfermedades.

En respuesta a las protestas del condado de Warren, la Comisión de Justicia Racial estudió la ubicación de las instalaciones de residuos peligrosos en EE. UU. y descubrió que la raza era el factor más importante para predecir la ubicación de estos lugares. Además, el estudio de 1983 de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) mostró que tres cuartas partes de los vertederos de residuos peligrosos en ocho estados del sureste se encontraban principalmente en comunidades de bajos ingresos, negras y latinas².

La exposición a daños ambientales como la contaminación está relacionada con la pobreza. Los países más pobres sufren más daños ambientales, mientras que los países con mayores ingresos producen la mayor parte de la contaminación.

Los términos "Norte Global" y "Sur Global" categorizan dos regiones del mundo en términos tanto de geografía como de poder económico. Los países del Norte Global son países occidentales, normalmente de altos ingresos, al norte del ecuador. El Sur Global se utiliza para definir países de bajos ingresos que están al sur del ecuador y, a menudo, antiguas colonias de países del Norte Global.

A medida que los países del Norte Global alcanzan hitos en materia de sostenibilidad, más normativas han aumentado el coste de deshacerse de los residuos. En respuesta, algunas empresas y gobiernos exportan sus residuos a países del hemisferio sur, donde las normas son menos estrictas y aumentan exponencialmente la carga medioambiental para la región.

El cambio climático también crea situaciones de injusticia ambiental. Los impactos del cambio climático (como las temperaturas extremas, el aumento de las precipitaciones y el aumento del nivel del mar) afectan de manera desproporcionada a las comunidades de bajos ingresos. Los que viven en zonas inundables, por ejemplo, tienen más probabilidades de residir en barrios desatendidos.

El derecho ambiental protege el medio ambiente al regular la forma en que los humanos interactúan con este y los seres vivos. La política medioambiental moderna pretende mejorar y mantener la calidad del medio ambiente y disminuir los efectos perjudiciales para la salud humana.

Las leyes ambientales incluyen leyes sobre contaminación del aire, calidad del agua, gestión de residuos, limpieza de contaminantes y seguridad química. A nivel mundial, los acuerdos internacionales jurídicamente vinculantes abarcan diversas cuestiones medioambientales. Los protocolos son acuerdos subsidiarios que se crean a partir de un tratado principal, siendo el más conocido el Protocolo de Kioto. Como resultado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto compromete a los Estados parte a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Existen barreras de costes relacionadas con cuestiones de justicia ambiental, ya que el proceso suele implicar litigios. Los honorarios de los abogados, por ejemplo, son un reto para quienes luchan contra los problemas de justicia ambiental. Las comunidades minoritarias, que ya sufren un impacto desproporcionado, no suelen disponer de recursos financieros para oponerse a los vertederos de residuos peligrosos o para hacer frente a otras disparidades.

Según el Atlas Global de Justicia Ambiental (EJAtlas), en abril de 2024 habrá 4076 conflictos sociales creados por injusticias ambientales en todo el mundo³. He aquí solo tres ejemplos:

A lo largo de los años, cientos de organizaciones de base de justicia ambiental y grupos de divulgación comunitaria han trabajado con diversas partes interesadas para promover iniciativas y dar forma a la estrategia de justicia ambiental. En general, el objetivo es conseguir que las comunidades marginadas puedan tomar decisiones medioambientales que afecten a sus vidas.

En los EE. UU., el presidente Biden firmó la orden ejecutiva 1400 durante su primera semana en la Casa Blanca, que dio inicio a la agenda política de justicia ambiental más ambiciosa de la historia del gobierno federal: "Abordar la crisis climática en el país y en el extranjero". La orden se basa en los esfuerzos fundacionales de la Orden Ejecutiva 12898, "Acciones federales para abordar la justicia ambiental en las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos", que se aprobó para garantizar que ninguna política medioambiental de las agencias federales afectara de forma desproporcionada a las comunidades minoritarias y desfavorecidas.

A escala mundial, el movimiento por la justicia medioambiental aboga por que las Naciones Unidas aborden las cuestiones de salud medioambiental. En 2022, en la ciudad de Nueva York, la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución para reconocer "el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible", pero el derecho a un medio ambiente sano no se ha añadido a la Declaración de Derechos Humanos de la ONU⁴.