Como líder en la próxima frontera de la informática, IBM se asocia con gobiernos de todo el mundo para la investigación y el desarrollo cuánticos y para implementar sistemas. Al defender el desarrollo y la democratización de la tecnología cuántica a nivel mundial, IBM pretende hacer que esta tecnología sea más accesible para investigadores, empresas y desarrolladores de todo el mundo.

IBM cree que los gobiernos deben dar prioridad a las inversiones en computación cuántica para catalizar las asociaciones público-privadas y prepararse para la era cuántica. IBM también apoya la investigación abierta y establece altos estándares para el hardware y el software cuánticos en los gobiernos de todo el mundo.

Las inversiones en la capacidad de Estados Unidos para innovar y crear nuevas industrias, como con la Ley de ciencia y CHIPS, crean más puestos de trabajo y una economía más resiliente que está preparada para competir a nivel mundial en tecnologías punta.

Durante más de dos décadas, IBM ha sido una figura destacada en el ecosistema de empresas de nanotecnología y universidades de investigación de Albany, Nueva York. Y el año pasado, en 2023, este grupo, NY CREATES, fue seleccionado para establecer un centro común de microelectrónica del Departamento de Defensa en el estado. Estos centros son vitales para reforzar la mano de obra nacional de chips y aumentar las capacidades de I+D.

IBM insta al Congreso a:

• Distribuir toda la financiación de la Ley CHIPS para impulsar la innovación en chips durante las próximas décadas.
• Dar prioridad a sus compromisos con la National Science Foundation (NSF). Una inversión insuficiente en la investigación de la NSF podría hacer que EE. UU. se quedara rezagado en áreas cruciales de innovación, con posibles consecuencias para nuestra economía, seguridad nacional y posición global.

La rápida aceleración de la IA pone de relieve la necesidad de que las personas estén preparadas para trabajar junto a la tecnología. Se necesitan nuevas competencias digitales en todos los sectores, lo que hace que la batalla por el talento sea aún más feroz, y se corre el riesgo de dejar a muchos atrás. 

Para progresar y adoptar el aprendizaje continuo, es necesario un cambio de mentalidad. Las instituciones mundiales y los gobiernos nacionales tienen un papel crucial a la hora de establecer el marco adecuado, y las empresas también tienen la responsabilidad de preparar a su personal para los cambios tecnológicos.

IBM aboga desde hace tiempo por una mejor alineación entre la educación superior y las leyes de desarrollo del personal para las competencias en demanda, la mejora de las cualificaciones, el reciclaje y el aprendizaje permanente. Dados los cambios del mercado laboral impulsados por la adopción de la tecnología, los sistemas de educación y formación laboral deben ser flexibles y adaptables a las demandas del mercado actual, al tiempo que preparan a las personas para empleos bien remunerados y carreras profesionales satisfactorias.

A nivel mundial, también abogamos por que los gobiernos alineen mejor la educación con las políticas de desarrollo del personal, reformen las ayudas a los estudiantes y otros incentivos para la mejora y el reciclaje de las competencias, y promuevan la contratación basada en las competencias.

Los gobiernos de todo el mundo están respondiendo al panorama de las ciberamenazas centrándose cada vez más en la IA, la notificación de incidentes, la monitorización de vulnerabilidades, los requisitos básicos de ciberseguridad y el gobierno corporativo. Para ser eficaces, las políticas de ciberseguridad deben ser técnicamente viables y específicas. Unas normas demasiado amplias y engorrosas desperdician recursos y obstaculizan la agilidad y la innovación necesarias para comprender, mitigar y responder al cambiante entorno de las amenazas. 

IBM anima a los gobiernos a:

• Permitir un entorno político armonizado a nivel nacional y mundial. Antes de desarrollar nuevas políticas, los reguladores deben intentar reducir la complejidad del cumplimiento aprovechando las normas internacionales, incluso para las infraestructuras cruciales. Esta armonización es necesaria a nivel nacional en todos los organismos y sectores, y también a nivel mundial. Los requisitos geoespecíficos y las políticas de localización entran en conflicto con las buenas prácticas de ciberseguridad. 
• Adoptar un enfoque responsable de la legislación sobre notificación de incidentes. La legislación sobre notificación de incidentes debe centrarse en informar de los ciberincidentes confirmados en las 72 horas previas y proporcionar protecciones de confidencialidad y responsabilidad a las entidades informantes. Divulgar las vulnerabilidades no es lo mismo que informar, y debe hacerse a través de programas de gestión de la divulgación de vulnerabilidades y buenas prácticas de priorización, sin divulgar detalles sobre las vulnerabilidades antes de que se parcheen o solucionen adecuadamente.
• Promover una cadena de suministro de software resiliente a través de normas dirigidas por el sector. Proporcionar una mayor seguridad mediante la comprensión y el conocimiento de los componentes del software (lo que a veces se denomina "lista de materiales del software") es útil para los desarrolladores que confían en ellos para identificar y abordar las vulnerabilidades. La atención debe centrarse en su uso, no en un mero requisito de información.
• Evitar nuevos requisitos de gobierno corporativo que puedan debilitar la seguridad y la resiliencia. Los consejos de administración corporativos ya garantizan una gestión adecuada del riesgo cibernético como parte de sus funciones fiduciarias y de supervisión. Cualquier requisito adicional debe crearse en consulta con el sector para no desviar inadvertidamente los recursos y crear nuevos riesgos. 
• Evitar aplicar políticas de ciberseguridad centradas en el consumidor a los compromisos empresariales. Los reguladores deben adoptar un enfoque de la ciberseguridad basado en el riesgo, teniendo en cuenta los hechos, las circunstancias y la sofisticación de los compradores a la hora de desarrollar requisitos de ciberseguridad. Aplicar los mismos requisitos para los productos de consumo al espacio empresarial es ineficiente e ineficaz.

Para crear una economía tecnológica competitiva, debemos reforzar la confianza de la sociedad en la tecnología. Es comprensible que los consumidores estén preocupados por el uso de las tecnologías actuales, que cambian rápidamente, y por los datos que las alimentan.

Es fundamental que los gobiernos establezcan normativas exhaustivas para proteger la privacidad individual y abordar los sesgos en la tecnología. A medida que la tecnología avanza con rapidez, cuestiones como las violaciones de la privacidad, la desinformación y la discriminación algorítmica se han vuelto más acuciantes, lo que pone de relieve la necesidad de tener en cuenta consideraciones éticas en el desarrollo e implementación de tecnologías como la inteligencia artificial.

Los marcos normativos deben establecer normas claras para la protección de datos y exigir transparencia en la toma de decisiones algorítmicas para garantizar la equidad. Reforzar la confianza en la tecnología implica mecanismos de rendición de cuentas sólidos, que incluyan auditorías periódicas de los algoritmos e informes públicos sobre sus repercusiones. Los esfuerzos de colaboración entre los sectores público y privado son esenciales para crear un entorno digital seguro en el que las personas se sientan protegidas y valoradas.

Podemos impulsar el progreso y mejorar la protección del consumidor y la innovación empresarial mediante:

• El fomento de una legislación nacional sobre privacidad en EE. UU. que ofrezca una protección de los datos de los consumidores sólida y coherente mediante la anulación de las leyes estatales y unas normas nacionales de privacidad con sentido común que permitan un uso beneficioso de los datos.
• Evitar las disposiciones con un derecho de acción privado que generen incertidumbre entre los consumidores y las empresas sin crear una protección sólida del consumidor y que socavan la previsibilidad de una norma nacional de privacidad. Las personas, y no los abogados demandantes, son las que más deberían beneficiarse de una ley nacional de privacidad.